Un colectivo de profesionales que trabajan contra la violencia de género denuncia que los maltratadores recurren a cursos de rehabilitación para evitar su ingreso en prisión.

Agencias.Madrid.

Gran parte de los cursos de rehabilitación de maltratadores no llegan a realizarse, son ineficaces o simplemente son utilizados por los alumnos para eludir sus responsabilidades penales. Para evitar que esta situación continúe, profesionales de diferentes ámbitos que trabajan contra la violencia de género -bajo el colectivo Grupo 25-, solicitaron ayer al Gobierno que establezca criterios de homologación en toda España para estos cursos y prohíba que esta "formación" sustituya a las sanciones penales.

La Ley Integral contra la violencia de género contempla en sus artículos 33 y 35 la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por servicios a la comunidad, acompañados de un curso de rehabilitación, para los delitos con penas inferiores a un año de prisión.

Así lo pusieron de manifiesto ayer la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la responsable de violencia de género de la Fundación Mujeres, Ángeles Álvarez, y el presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, Andrés Montero, durante una jornada sobre criterios de intervención con hombres que ejercen la violencia, en las que presentaron el monográfico Criterios de Calidad para intervenciones con hombres que ejercen violencia en la pareja.

En este sentido, Altamira Gonzalo apuntó que en la actualidad todas los sentencias condenatorias con penas inferiores a un año de prisión están sustituyendo, como tónica general, la cárcel por servicios a la comunidad y cursos de rehabilitación. Por ello, resaltó "la importancias de que garanticen la seguridad de las víctimas".

Además señaló que en estos momentos no existe ningún criterio mínimo para la aplicación de los cursos de rehabilitación.

"Lo que está ocurriendo es impunidad porque o bien no se cumplen los cursos de rehabilitación o allí donde se aplican son inadecuados, no tienen calidad terapéutica, ni se controla su efectividad", indicó Álvarez.

Por ello, abogan porque el Ejecutivo establezca unos criterios mínimos de homologación de los cursos y un sistema de control de su efectividad. "El Gobierno tiene que ser consciente de que la Ley Integral contra la Violencia de Género puede perder efectividad si estos programas no se realizan adecuadamente", comentó.

El control "allá donde haya fondos públicos", como es el caso de estos programas, cuya imposición es obligatoria desde su inclusión en la Ley Integral de Violencia de Género, fue subrayado también por Andrés Montero.

Además, Montero recalcó que esta iniciativa responde a la inexistencia de auditorías para estas prácticas por parte de la Administración Pública.

La orientación de género para abordar el tratamiento a seguir es uno de los criterios, ya que responde a un problema cuyas raíces "están sustentadas en modelos patriarcales", porque estos hombres creen que la violencia hacia la mujer está legitimada, indicó el presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, Andrés Montero.

La incorporación de profesionales cualificados que sigan de modo permanente la evolución del hombre para que modifique sus comportamientos es otra de las propuestas del monográfico Criterios de Calidad para intervenciones con hombres que ejercen violencia en la pareja.

El porcentaje de eficacia de programas anteriores a la ley integral contra la violencia de género se sitúa en torno al 40 o 60%, explicó Andrés Montero, quién añadió que la intervención se debe abordar desde el conocimiento, la conducta, las emociones y "el factor histórico" de este tipo de hombres.

Por su parte, Álvarez recordó que los servicios sociales del centro penitenciario de la zona de residencia del maltratador "son los que tienen la potestad" de proponer y seguir los planes de intervención, cuya eficacia depende de la motivación del agresor para tomar conciencia del problema existente.